El papel de los CAEs en la mejora de la eficiencia energética
La hoja de ruta de la Comisión Europea en materia de descarbonización se ha acelerado en los últimos años, especialmente tras el estallido del conflicto en Ucrania y la necesidad estratégica de reducir la dependencia del gas ruso. A los compromisos medioambientales para alcanzar la neutralidad climática en 2050, se suma ahora un objetivo clave: lograr una mayor independencia energética mediante la electrificación de los consumos de combustibles fósiles.
La reciente declaración de la Comisión Europea, a través del Clean Industrial Deal del pasado 26 de febrero, refuerza este mensaje al insistir en la necesidad de avanzar hacia una electrificación generalizada, un uso más eficiente de la energía y una ruptura definitiva con los combustibles fósiles.
En este contexto, explican desde OTYM, España ha adoptado un sistema ya consolidado en países como Francia, Italia o Polonia: los Certificados de Ahorro Energético (CAE). Esta herramienta permite acreditar que un usuario final ha logrado un ahorro energético anual determinado tras la implantación de medidas de eficiencia energética en sus instalaciones (plantas productivas, almacenes logísticos, oficinas o espacios comerciales, entre otros). A través de los CAE, estos usuarios pueden obtener un beneficio económico directo, acortando así el periodo de retorno de su inversión.
El sistema de CAEs, sostienen desde el Observatorio, se presenta como una alternativa ágil y atractiva para las comercializadoras energéticas obligadas, en virtud de la Directiva 2012/27/UE, a contribuir económicamente al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Gracias a los CAE, estas entidades pueden justificar sus volúmenes de ahorro energético a un coste inferior al de la llamada “equivalencia financiera” publicada anualmente. Al mismo tiempo, las empresas que ejecutan las medidas de ahorro acceden a una financiación proporcional al ahorro energético logrado. Para el año 2025, dicha equivalencia se ha establecido en 189 €/MWh, una cifra al alza que supera con creces el precio actual del gas natural.
Para participar en este sistema, las empresas pueden tramitar un expediente a través del catálogo de fichas homologadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, que estandariza el procedimiento de cálculo y simplifica su tramitación. En caso de que la medida no se ajuste a ninguna ficha existente, será necesario desarrollar un proyecto singular, basado en modelos estadísticos que analicen los datos de consumo energético frente a las variables que influyen en ellos.
Tanto en los casos de ficha estandarizada como de proyecto singular, la documentación debe ser revisada por un agente verificador que emite un dictamen técnico conforme a los estándares del sistema. Este paso garantiza la calidad del expediente antes de su revisión final por parte del Ministerio competente. Si bien los proyectos singulares implican mayor complejidad técnica y documental, también pueden suponer retornos económicos más significativos.
El sistema está especialmente diseñado para apoyar medidas que reduzcan el consumo de energía de origen fósil, lo que en algunos casos puede traducirse en ingresos que superan incluso el coste de la inversión. Por ejemplo, si una empresa invierte 800.000 € en una medida que ahorra 10 GWh/año, podría llegar a ingresar 1.600.000 € en función del precio de mercado de los certificados, duplicando así el valor invertido.
Es importante señalar que los CAEs son compatibles con cualquier ayuda pública, siempre que no proceda del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). Además, no computan a efectos de ayudas de Estado, lo que refuerza su atractivo como herramienta complementaria para las empresas.