La Confederación Española de Comercio estima que tan solo un 10% de los comercios del territorio nacional han podido adaptar sus establecimientos para cumplir con el decreto de ahorro energético dictado el pasado mes de agosto por el Gobierno y por el que se establece la obligatoriedad contar con un sistema que las mantenga cerradas para conservar la temperatura interior, entre otras medidas.
La patronal del comercio expone varias razones. Entre ellas la ausencia de un plazo realista y razonable para acometer estas modificaciones ya que se estima entre 100.000 y 120.000 el número de comercios en España que necesitan esta adecuación. “Hay negocios que fueron creados para no tener puertas y la nueva ley exige un completo replanteamiento del local que va más allá de instalar una puerta” explica Rafael Torres, presidente de CEC.
Es lógico esperar a la aprobación definitiva de la ley
Asimismo, el decreto ley va a ser tramitado finalmente como proyecto de ley por lo que las enmiendas presentadas introducirán cambios en el mismo por lo que “lo lógico y sensato – a juicio de Torres – es esperar que se apruebe la ley definitiva para que el sector sepa con certidumbre qué obligaciones han de cumplir”.
Promesas de ayudas… que no llegan
Por último, el Ejecutivo comprometió una línea de ayudas por 100 millones de euros a las comunidades autónomas para que, si así lo desean estas, puedan financiar actuaciones en los locales comerciales a las que obliga el decreto ley, como la instalación de accesos automatizados. La realidad a día de hoy es que no se ha concretado prácticamente ninguna, ni cantidades ni plazos de pago. Para acometer estas modificaciones la CEC estima la necesidad de unos 200 millones de euros.
Moratoria de al menos 3 meses
Por todo ello, «desde la Confederación Española de Comercio pedimos una moratoria razonable de al menos 3 meses a la espera de conocer el texto definitivo de la ley que permita realizar los proyectos de adecuación con certidumbre y dar tiempo a las comunidades autónomas para publicar y pagar las ayudas prometidas», reclama la CEC.
