El pequeño comercio atraviesa un momento crítico tras el cierre de 5.379 establecimientos en el último mes, una caída marcada por el fin de la temporada navideña y que evidencia la fragilidad de un sector que lleva años resistiendo sin un respaldo suficiente, Cataluña con el cierre de 1.000 comercios, Andalucía (-954), Comunitat Valenciana (-601) y Madrid (-525) lideran la caída.
La pérdida de estas actividades económicas no es un fenómeno puntual, alertan fuentes de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), sino parte de una tendencia preocupante que, en el último año, se ha traducido en el cierre de 9.007 comercios (enero de 2024 a enero de 2025).
La organización denuncia que mientras las grandes plataformas digitales consolidan su dominio y los alquileres de locales comerciales siguen disparados, miles de autónomas y autónomos que dependen de su actividad para subsistir se ven obligados a bajar la persiana sin perspectivas de recuperación.
Desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) advierten que la desaparición del comercio local no solo afecta a quienes los regentan, sino que transforma radicalmente el paisaje de los barrios y debilita el tejido económico de las ciudades, y, por eso, hacen hincapié en que “desde ciertas organizaciones encargadas supuestamente de representar a sectores empresariales en vez de preocuparse en que las y los trabajadores puedan disfrutar de una jornada laboral reducida con la que mejorar su calidad de vida se preocupen más en impulsar medidas estructurales para el pequeño comercio ”.
Para María José Landaburu, secretaria general de UATAE, “el problema no radica únicamente en la caída de ventas tras la campaña navideña, sino en la falta de medidas estructurales que les permitan competir en igualdad de condiciones”, porque, “el comercio de proximidad es esencial para la vida de nuestras ciudades, pero se enfrenta a barreras insalvables; como son los alquileres abusivos, una digitalización desigual y una competencia feroz con plataformas que operan sin las mismas obligaciones”, denuncia Landaburu.
El encarecimiento del alquiler de locales comerciales es una de las principales amenazas para la continuidad. Muchos comerciantes destinan gran parte de sus ingresos al pago de rentas desorbitadas, lo que reduce su margen de maniobra y los deja sin capacidad de inversión para modernizarse.
En este contexto, “la digitalización se convierte en una asignatura que solo unos pocos pueden permitirse”, señala Landaburu. Mientras tanto, las grandes corporaciones acaparan cada vez más cuota de mercado, beneficiándose de un modelo que les permite operar con costes estructurales muy inferiores a los del comercio tradicional.
Desde UATAE insisten en la necesidad de políticas que frenen la sangría de cierres y refuercen la viabilidad del sector. Se reclama una regulación que controle los precios del alquiler comercial en las zonas tensionadas y que incentive a los propietarios a facilitar el acceso a locales en condiciones razonables. También es fundamental un nuevo plan de digitalización adaptado a las necesidades de los pequeños comercios, con nuevas ayudas directas como las impulsadas por el Kit Digital y formación especializada para que puedan competir en el entorno online sin quedar relegados.
Además, es imprescindible una estrategia de apoyo que permita a los comerciantes superar los picos de estacionalidad sin que ello suponga una condena al cierre. La crisis del comercio no es solo un problema económico, sino también un desafío social. Las ciudades que pierden su comercio de proximidad se vacían de vida y se convierten en espacios donde solo sobreviven las grandes cadenas y las plataformas digitales.
“Si no se toman medidas urgentes, pronto nos encontraremos con barrios sin tiendas, sin escaparates iluminados, sin el trato cercano de los comerciantes que han sido siempre el alma de nuestras calles”, advierte Landaburu. La supervivencia del comercio local no puede depender únicamente de la resistencia de sus autónomas y autónomos, sino de un compromiso real por parte de las administraciones para garantizar que puedan seguir siendo una parte fundamental del entramado económico y social del país.
