La aplicación de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) ha dejado de ser una cuestión que se podía dejar a la voluntad estratégica de la empresa. La legislación sobre financiación sostenible, publicada  por la Comisión Europea y de aplicación prácticamente inmediata, marca un antes y un después en las obligaciones de reporting de las empresas, en materia de sostenibilidad. También delimita los requerimientos de informaciones de las empresas que solicitan las entidades financieras, con el fin de cumplir con los objetivos de la Comisión, de reorientar los flujos de capitales a inversiones sostenibles.