El Proyecto de ley de las Áreas de Promoción Económica y Urbana (APEU) es la herramienta de promoción y mejora de la competitividad de las áreas económicas basada en la colaboración pública. El objetivo de la futura ley, impulsada por Dirección General de Comercio del Departamento de Empresa y Conocimiento, es sentar las bases de un nuevo modelo de gestión basado en la colaboración público en áreas de concentración de actividad económica, ya sea de carácter comercial, turístico, industrial y / o de servicios.
En su intervención, el consejero Tremosa ha destacado que este "es un proyecto de consenso en torno al comercio de proximidad, que fomenta la cohesión social y llena de vida las calles". Asimismo, Tremosa ha incidido en que en el actual contexto, "donde la crisis de la Covid-19 ha provocado una afectación clara y evidente en el tejido comercial del país, las APEU son facilitadoras de actividad económica para el sector". Esta es, además "una herramienta que tiene como objetivo ofrecer un mejor nivel de servicios y una mejor calidad del entorno, una herramienta en favor del pequeño comercio", remarcó el consejero. Por todo ello, Tremosa ha pedido que ahora "hay que llegar al máximo consenso, para poder salvar las pymes, para poder ofrecer al sector una herramienta que puede relanzar su competitividad".
El proyecto de Ley de las APEU tendrá una tramitación de urgencia extraordinaria en el Parlamento, con el objetivo de poder aprobar la Ley a finales de 2020.
Las APEU facilitarán que cualquier zona de concentración de actividad económica que quiera aumentar su competitividad o evitar situaciones de degradación, pueda ser gestionada de manera conjunta con el objetivo de mejorar los servicios y la calidad del entorno, complementando las actuaciones de los poderes públicos y potenciando la colaboración entre agentes públicos y privados.
Según el texto, las APEU son instrumentos de colaboración público que persiguen las finalidades públicas: modernización y promoción de determinadas zonas urbanas; mejora de la calidad del entorno urbano mediante actuaciones sostenibles; consolidación del modelo de ciudad compacta, compleja, cohesionada y medioambientalmente eficiente e incremento de la competitividad favoreciendo la creación del empleo.
La actividad que llevarán a cabo beneficiará a los espacios públicos y los intereses generales de la ciudad y es por eso que, a pesar de ser entidades de base privada, se constituyen bajo la tutela pública del municipio por el cumplimiento de estas finalidades públicas. Es precisamente este interés público el que justifica que, una vez acordada y aprobada por todos los agentes la creación del APEU, se establezca un régimen de adscripción obligatoria y una financiación basada en contribuciones de naturaleza obligatoria.
Los destinatarios de la ley son los titulares de actividades económicas de un área determinada con concentración de establecimientos comerciales, industriales, logísticos y de servicios, al alcance de los que se pone una nueva clase de entidad para ayudarles a mejorar su entorno. La ley también va dirigida a los ayuntamientos, a los que corresponde autorizar y controlar la creación de las APEU para dinamizar ciertas zonas, con los consiguientes beneficios para los intereses generales de su municipio, que complementarán las actuaciones de carácter dinamizador de las administraciones públicas locales.
Una herramienta con 50 años de historia
El primer BID se creó en 1969 en Toronto (Canadá) y pocos años después en Nueva Orleans (Estados Unidos). Entre los 80s y 90s se implantaron diferentes bids en América del Norte y en 2004 se constituyó el primer BID urbano en Londres. Actualmente, hay más de 2.500 bids todo el mundo, con una gran implantación en Alemania, Reino Unido, Estados Unidos o Canadá, entre muchos otros países.
