● Se prevé que, de no atender estas necesidades, el sector comercial pierda gran parte de sus establecimientos y sus puestos de trabajo.
● Denuncian que una simple moratoria del pago a las PYMES no soluciona la trágica situación del sector y provocará el cierre de miles de empresas minoristas, así como la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo.
● Se solicita nuevamente al Gobierno medidas para exonerar del pago de los alquileres a los arrendatarios durante el cierre de sus comercios y la adecuación de este coste a la realidad del mercado cuando se permita abrir nuevamente los establecimientos.
● Se emplaza al Gobierno a propiciar un cambio del marco legal de protección al arrendatario contra la ejecución de avales por impago de rentas y liberar el comerciante de los años de obligado cumplimiento de los contratos. Propiciar, de este modo, el desarrollo de acuerdos entre arrendatarios y arrendadores en el periodo de 6 meses a la reapertura y así reequilibrar las condiciones de los contratos, como así indican expertos y empresas con la experiencia de los países que ya han permitido apertura.
● Se demanda, igualmente, una mayor flexibilidad de la adecuación de las normas laborales actuales, para poder atender a la realidad necesaria a corto plazo. La rigidez de la normativa tras la finalización del Estado de Alarma (Ertes, flexibilidad horaria, movilidad funcional, etc.) representará una dificultad mayor que pone en riesgo la viabilidad de miles de empresas y puestos de trabajo de sector. Teniendo en cuenta que la vuelta a la normalidad del sector no se producirá, previsiblemente, de manera inmediata piden que se permita la reincorporación de los empleados de manera progresiva y escalonada, según los niveles de actividad de cada empresa o establecimiento.