Esta petición responde asimismo a una cuestión de seguridad. Tribunales de países de nuestro entorno, como Francia, ya han empezado a acoger estas medidas y han exigido a determinadas plataformas internacionales limitar su venta a productos esenciales hasta que se haga una evaluación exhaustiva de los riesgos a los que se está exponiendo sus trabajadores.

Para la CEC resulta contradictorio que mientras la inmensa mayoría de trabajadores están confinados en sus casas para limitar los riesgos de contagio de coronavirus, miles de repartidores y transportistas continúan desplazándose de un lugar a otro para entregar pedidos.

En cuanto a la venta física, la CEC denuncia también la venta por parte de grandes operadores de productos no autorizados en sus superficies de venta física. Todo ello supone dificultades añadidas en un contexto ya crítico para el comercio minorista, que ve peligrar 1,2 millones de empleos en su sector.