Durante el encuentro, Giménez ha considerado “de vital importancia para los trabajadores de la región” no solo que se materialice cuanto antes la prórroga de estos expedientes –que expiran el próximo 30 de septiembre-, sino que su extensión llegue a todas las empresas que los han solicitado, independientemente de la actividad a la que se dediquen. Una extensión a la que, en opinión del Gobierno regional, no se debe poner una fecha tope, sino que debe estar vigente hasta que las empresas que los han solicitado recuperen unos niveles de actividad suficientes para asegurar su viabilidad y mantener sus plantillas.
El consejero también ha planteado la necesidad de que el Ejecutivo central concrete si las prestaciones por desempleo asociadas a estos expedientes consumirán prestaciones futuras en caso de prórroga y si, pasados los primeros seis meses, se va a mantener el pago del 70% de la prestación en vez de reducirse al 50% que marca actualmente la ley. Igualmente, ha exigido que haya fondos disponibles para que los sectores que tengan especiales dificultades para recuperar la actividad previa a la pandemia puedan afrontar su reconversión productiva hacia otras actividades.
Además del futuro de los ERTES, Giménez y Pérez también han tratado otros asuntos relacionados con la formación, la Inspección de Trabajo o la conciliación. En este último capítulo, el consejero ha vuelto a reiterar que la Comunidad de Madrid considera imprescindible que los progenitores cuyos hijos hayan dado positivo en una prueba PCR o tengan que guardar una cuarentena por haberse registrado un positivo en sus aulas, puedan acceder a una baja laboral retribuida a cargo del Estado para cuidarlos.
