La iniciativa pide a la Comisión que proponga legislación que obligue a las empresas del sector de la confección y el calzado a actuar con la diligencia debida con respecto a los salarios en sus cadenas de suministro.
Según los organizadores, actuar con la diligencia debida incluye seis objetivos, a saber:
- detectar, prevenir y mitigar los efectos adversos sobre los derechos humanos;
- reducir la pobreza en la UE y en todo el mundo, prestando especial atención a las circunstancias de las mujeres,
- los migrantes y los trabajadores con contratos precarios, así como a la necesidad de luchar contra el trabajo infantil;
- prohibir las prácticas comerciales desleales;
- garantizar a los consumidores el derecho a la información;
- y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas del sector de la confección y el calzado.
Dado que esta iniciativa ciudadana europea (ICE) cumple las condiciones formales necesarias, la Comisión considera que es jurídicamente admisible. En esta fase, la Comisión no ha analizado todavía el fondo de la propuesta.
Próximas etapas
Tras el registro de ayer, los organizadores disponen de seis meses para proceder a la recogida de firmas. Si una iniciativa ciudadana europea consigue, en el plazo de un año, un millón de declaraciones de apoyo procedentes de al menos siete Estados miembros, la Comisión deberá reaccionar. Podrá dar curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá motivar su decisión.
Contexto
El Tratado de Lisboa introdujo la Iniciativa Ciudadana Europea como herramienta en manos de los ciudadanos para definir la agenda política. Se puso en marcha oficialmente en abril de 2012. Una vez registrada oficialmente, la iniciativa ciudadana europea permite a un millón de ciudadanos de al menos siete Estados miembros de la UE pedir a la Comisión Europea que presente propuestas legislativas en ámbitos en los que tenga competencias para hacerlo.
Los requisitos de admisibilidad son los siguientes:
- que la medida propuesta no quede manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión para presentar una propuesta de acto jurídico;
- que no sea claramente abusiva, frívola o vejatoria y
- que no sea manifiestamente contraria a los valores de la Unión.
Desde la introducción de este instrumento, la Comisión ha recibido 114 solicitudes para poner en marcha una iniciativa ciudadana europea, 90 de las cuales se han considerado admisibles y, por tanto, han podido ser registradas.
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