Cuanto más se extiende en tiempo, profundidad y expansión internacional los estados de alarma sanitaria por el coronavirus, más nos alejamos de una recuperación ideal en “V” sobre la que el Gobierno sigue basando muchas de sus decisiones. Por eso son tan inciertas estas últimas decisiones adoptadas de limitar temporalmente los despidos objetivos, o bien alegando la expansión del Covid-19 como causa de fuerza mayor, durante el periodo de emergencia sanitaria, y la de implantar permisos retribuidos recuperables hasta el 9 de abril en aquellas actividades no esenciales que continuaban abiertas. 

Estas decisiones vienen precedidas por la definición de unas condiciones enormemente restrictivas para los ERTES autorizados por fuerza mayor. Lo que, a medida que avancen en intensidad los efectos sociales, productivos y económicos de la pandemia, estas condiciones pondrán en jaque a las numerosas empresas solicitantes. Pues, estos ERTES, conllevan el mantenimiento de toda la plantilla afectada, durante los seis meses posteriores a la finalización del estado de alarma, sin tener en cuenta cuál va a ser la respuesta del mercado tras esta crisis sanitaria. Por eso la Federación ha solicitado a través de la Secretaria General de Industria que se flexibilice la vuelta de estas plantillas atendiendo a los principios de: prudencia (en las decisiones), perseverancia (en las iniciativas adoptadas) y paciencia (para alcanzar los resultados deseados) que siempre deben regir las decisiones gubernativas. 

Pero, además, las medidas adoptadas para inyectar liquidez en un tejido empresarial formado en su gran mayoría por micros, pequeñas y medianas empresas, se están mostrando dubitativas a todas luces. Pues si son tres las características que debe tener cualquier medida gubernativa ante esta crisis: las de eficacia, suficiencia e inmediatez, no parece que ninguna de las tres se esté cumpliendo hasta ahora. Ni se han aprobado medidas orientadas a facilitar liquidez inmediata liberando tasas, impuestos y cotizaciones sociales durante el periodo de alarma, ni los importes en líneas de liquidez, ni en avales por cuenta del Estado para préstamos, limitados a tan sólo 10.000 millones de euros en el primer paquete aprobado para PYMES, parece que vayan a ser suficientes para que el crédito fluya a las micros y pequeñas empresas del país. Y, por lo tanto, su eficacia para mantener en pie el tejido empresarial para su recuperación en “V” queda totalmente en entredicho. 

Si estas limitaciones en la inyección de liquidez, son debidas a las dificultades que el Gobierno puede estar percibiendo para financiar la deuda pública en los mercados internacionales, sin que suponga una fuerte subida de la prima de riesgo en el caso muy probable de no contar de una forma inmediata con eurobonos mutualizados, cualquier medida gubernativa que dificulte y/o retrase la adaptación de las PYMES al actual estado de incertidumbre en sus stocks, clientes y mercados, nos puede condenar de nuevo a una nueva cadena de miles de cierres empresariales como en la crisis iniciada en 2008/09.