La Confederación Europea de la Industria Textil y de la Confección, Euratex, ha manifestado públicamente su respaldo a la investigación formal iniciada por la Comisión Europea contra Shein en virtud de la Ley de Servicios Digitales(DSA, por sus siglas en inglés).

El posicionamiento, difundido a través de la página oficial de Euratex en LinkedIn, se produce tras la publicación de la nota institucional de la Comisión Europea (IP/26/420), en la que se anuncia la apertura de un procedimiento formal para evaluar si la plataforma cumple con las obligaciones impuestas por la DSA a las grandes plataformas online.

Para Euratex, la aplicación efectiva de la normativa comunitaria resulta “esencial” para garantizar un mercado justo, seguro y competitivo para todos los actores, independientemente de su tamaño o procedencia geográfica. La patronal subraya que la DSA proporciona herramientas jurídicas concretas para responsabilizar a las mayores plataformas digitales no solo por los productos que alojan, sino también por el funcionamiento de sus sistemas de recomendación, control y supervisión.

Competencia leal, seguridad del consumidor y protección de la propiedad intelectual

La industria textil y de la moda europea —construida históricamente sobre estándares de calidad, seguridad del producto y respeto a la propiedad intelectual— observa con atención este procedimiento. Euratex advierte de que la presencia de productos ilegales, inseguros o que vulneran derechos de propiedad intelectual no solo perjudica a los fabricantes europeos que operan conforme a la ley, sino que también expone a los consumidores a riesgos innecesarios.

La DSA, plenamente en vigor para las grandes plataformas digitales, establece obligaciones reforzadas en materia de diligencia debida, trazabilidad de vendedores, retirada de contenidos ilícitos y transparencia algorítmica. En este contexto, la investigación a Shein busca determinar si la compañía cumple adecuadamente con estas exigencias, especialmente en lo relativo a la comercialización de productos que deben respetar la legislación europea en materia de seguridad, etiquetado y derechos de autor.

En su comunicado, Euratex apoya de forma explícita una aplicación “estricta” del marco normativo europeo y fija tres principios fundamentales que, a su juicio, deben garantizarse:

• Que las plataformas únicamente ofrezcan productos conformes con la legislación de la Unión Europea y respetuosos con los derechos de propiedad intelectual.

• Que todos los operadores —ya sean nacionales o globales— asuman responsabilidad sobre lo que se vende en sus sitios.

• Que consumidores y empresas legítimas se beneficien de mercados digitales transparentes y fiables.

La investigación formal anunciada por la Comisión no prejuzga el resultado del procedimiento, pero sí representa un paso significativo en la consolidación de la DSA como instrumento regulador del entorno digital europeo. Desde Bruselas se insiste en que el objetivo no es penalizar modelos de negocio concretos, sino garantizar que las reglas del mercado único se apliquen por igual a todos los actores, independientemente de su país de origen.

Para el sector textil europeo, que compite en un entorno globalizado y altamente digitalizado, esta cuestión trasciende el caso concreto de Shein. Se trata, según Euratex, de preservar la integridad del mercado interior, proteger a las pymes y fabricantes que cumplen con las normas, y reforzar la confianza de los consumidores en el comercio electrónico.

La postura de la patronal refleja una preocupación creciente en distintos sectores industriales europeos ante la expansión de plataformas digitales globales cuyo modelo de negocio, basado en la rapidez y el bajo coste, plantea interrogantes sobre el control efectivo de la legalidad de los productos comercializados.

Con la investigación ahora en marcha, la aplicación de la Ley de Servicios Digitales se convierte en una prueba clave para la política digital europea. El resultado del procedimiento marcará un precedente relevante sobre el alcance real de las nuevas obligaciones impuestas a las grandes plataformas y sobre la capacidad de la Unión Europea para hacerlas cumplir.