El equipo de la Oficina PATECO ha realizado una evaluación preliminar de los daños ocasionados por la DANA en el comercio minorista de los municipios afectados, que evidencia las graves consecuencias que ha tenido en el sector este fenómeno climático extremo.
Hay que considerar que esta evaluación tiene un carácter preliminar y provisional y se basa en la aplicación de un modelo teórico y no en datos reales (como podría ser un censo de locales afectados). Y se ha realizado para ofrecer un cálculo aproximado del orden de magnitud de los daños sufridos por el sector comercial, una actividad especialmente vulnerable a este fenómeno.
El análisis realizado ha tenido como propósito cuantificar el impacto de la DANA en la actividad comercial minorista, destacando las siguientes dimensiones:
- Clasificar los municipios afectados según el potencial nivel de afectación a su tejido empresarial.
- Evaluar los daños directos e indirectos sufridos por los negocios.
- Estimar las pérdidas económicas y el tiempo necesario para la recuperación de las actividades comerciales.
El estudio se basa en una combinación de fuentes y herramientas analíticas. Se han utilizado datos de precipitación acumulada y mapas de afectación generados por el programa europeo Copernicus, así como informes de organismos locales y testimonios directos.
Respecto a los municipios considerados como “afectados por el temporal”, se han considerado los que se recogen en el anexo I, del DECRETO 163/2024, de 4 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban las bases reguladoras y el procedimiento de concesión directa de ayudas urgentes para paliar la pérdida de bienes de primera necesidad de las personas físicas, producida por el temporal de viento y lluvias iniciado el 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana. Este listado se considera provisional y puede ser modificado por resolución de la Conselleria de Justicia e Interior, a propuesta de la dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE).
En total se han considerado 75 municipios, incluyendo parcialmente a la ciudad de Valencia, una zona en la que residen 1,02 millones de personas. A efectos de este análisis, se han clasificado los municipios afectados en tres niveles: bajo, moderado y alto, según la gravedad de las inundaciones y su potencial impacto en el tejido empresarial local. En base a esta primera evaluación, en 19 municipios y tres pedanías (348.018 hab.) el nivel de afectación o potencial afectación empresarial sería grave. En 18 municipios y una pedanía (248.668 hab.) sería moderada y en 37 municipios y 4 pedanías (423.366 habitantes) sería leve.
El nivel de afectación potencial puede ser muy dispar entre los municipios afectados e incluso entre distintas zonas dentro de un mismo municipio, dependiendo de factores como la proximidad a los cauces y barrancos desbordados, la morfología o topografía de la zona o la intensidad de determinados fenómenos meteorológicos. Esto implica que algunas áreas puedan haber experimentado daños graves y prolongadas interrupciones en la actividad empresarial, mientras que otras podrían verse afectadas de manera más leve y recuperarse rápidamente.
Respecto a la actividad comercial minorista, el número de empresas ubicadas en municipios afectados se sitúa en 7.359, de las que más de una tercera parte (32,5%, 2.388), se localizan en los municipios más afectados. Otras 1.823 (24,8%) se ubican en municipios en los que, previsiblemente, las empresas hayan podido sufrir unos daños moderados.
De los 8.106 comercios minoritas con establecimiento físico existentes en los municipios afectados, el 64,5% podrían haber sufrido algún tipo de daño directo a causa de la DANA, es decir, 5.228 comercios. De estos, el 67,6% podrían haber sufrido daños graves/severos, con 3.534 locales; otros 844 locales daños moderados (16,1%) y el 6,3% restante (850 locales) daños leves.
Mapa: Superpsición de zonas de concentración de establecimientos y zona inundada. Fuente: Elaboración propia.
El impacto económico estimado es significativo. Se calcula que el coste total para la reparación, limpieza y reposición de activos e inventarios en los locales comerciales supera los 665 millones de euros. Además, las pérdidas indirectas, derivadas de la interrupción de la actividad comercial, podrían elevar el coste total hasta los 715 millones de euros. Estas cifras reflejan tanto los daños materiales como las consecuencias económicas derivadas de la inactividad, que se prolongará durante semanas e incluso meses en los casos más graves, lo que agrava la incertidumbre financiera para miles de empresarios.
El informe también advierte sobre el riesgo de cierres definitivos de comercios. Se estima que entre el 25% y el 40% de los negocios más afectados podrían no volver a abrir, ya sea por la gravedad de los daños, la falta de recursos económicos o la incapacidad para competir en un contexto de crisis económica. Esto pone en riesgo no solo la viabilidad económica de muchas familias, sino también la vitalidad económica de los municipios más afectados, en el que el comercio de proximidad representa entre el 80% y el 95% del tejido comercial.
El análisis propone un escenario de máximos, que deberá ajustarse a medida que se vayan obteniendo datos reales de los daños en cada municipio afectado, pero ofrece una primera estimación del importante daño causado por el fenómeno. En este sentido, hay algunas consideraciones que deben tenerse en cuenta, según Oficina Pateco:
- La principal atención se debe poner en aproximadamente 3.500 comercios ubicados en 19 municipios, que son los han sufrido los daños más considerables y a los cuales les va a costar más tiempo volver a reabrir.
- La dimensión de la catástrofe exige una respuesta inmediata y coordinada por parte de las Administraciones Públicas y el sector privado. Es necesario implementar ayudas directas, líneas de crédito y programas de apoyo para facilitar la reparación de infraestructuras y el reinicio de las actividades comerciales.
- Esta recuperación debe ir acompañada de una estrategia integral que mejore a resiliencia del tejido empresarial, promoviendo infraestructuras resistentes al cambio climático, una ordenación más racional, sostenible y resiliente de la actividad económica en el territorio y la definición de planes de contingencia que permitan mitigar los efectos de futuros eventos extremos.
