"Nunca antes se había hecho un esfuerzo de esta envergadura, de esta magnitud, dirigido al conjunto de empresas y al conjunto de trabajadores", ha dicho Montero, quien ha destacado que el Gobierno ha protegido igualmente el bienestar de las familias y la calidad de los servicios públicos.
A pesar de la crisis económica -ha apuntado la portavoz-, las comunidades autónomas han recibido durante los años 2020 y 2021 la mayor financiación de su historia para garantizar el funcionamiento de servicios tan esenciales como la sanidad, la educación y la atención de las personas más vulnerables.
Anticipar problemas de solvencia
La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado que las medidas buscan anticiparse a posibles problemas de solvencia debidos a las restricciones de actividad en los sectores y territorios más afectados por la pandemia. "Tratamos de aliviar la caída de ingresos y el sobreendeudamiento que pueda poner en riesgo la supervivencia de empresas perfectamente viables y que, con ello, se lastre la recuperación", ha asegurado.
La vicepresidenta ha resaltado que los indicadores diarios de actividad apuntan a una ralentización en el primer trimestre de 2021, en línea con el resto de los países europeos durante la tercera ola de la pandemia, pero las previsiones de todos los organismos apuntan a una mejora a medida que avance el año y en 2022. También confirman esa tendencia los datos más recientes del mercado laboral, entre ellos la reducción del número de trabajadores sujetos a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
Nadia Calviño ha indicado que, junto a los ERTE, en el mantenimiento del tejido productivo han sido claves las líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) canalizadas a través del sector financiero -se han movilizado más de 121.000 millones de euros-, la prestación extraordinaria para los autónomos, las moratorias bancarias, fiscales y de Seguridad Social y otras exenciones.
Las ayudas desplegadas en 2020 ascendieron a un veinte por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), y con las adoptadas hoy el total previsto para este año supera ya el dos por ciento. "Un importante esfuerzo fiscal, imprescindible, que ha sido señalado por las instituciones europeas por su eficacia y su magnitud", ha expuesto.
Nuevos fondos y extensión de las moratorias
La ministra ha afirmado que aún quedan semanas complicadas y es necesario anticiparse al riesgo de un deterioro significativo de los balances de las empresas y un aumento del endeudamiento. El Real Decreto-ley aprobado hoy busca seguir protegiendo a los sectores más afectados y que son fundamentalmente viables, mientras se alcanza un porcentaje sustancial de población vacunada. "Actuando en el momento adecuado, como hemos hecho desde el principio, evitamos un coste superior en el futuro", ha sostenido.
La norma se articula en tres fondos: una línea de 7.000 millones de euros para ayudas directas a empresas y autónomos destinadas al pago de gastos fijos y deudas con proveedores y otros acreedores; una línea de 3.000 millones para que el ICO pueda acompañar los procesos de reestructuración de deuda financiera, y un fondo de 1.000 millones para la recapitalización de las empresas afectadas.
Además, se extienden hasta final de año las moratorias concursales y las medidas de agilización en el ámbito de la justicia para proporcionar un período que permita restablecer los equilibrios patrimoniales o abordar procesos de reestructuración, entre otras actuaciones.
Línea COVID de ayudas directas
Esta línea permitirá que las comunidades autónomas puedan conceder ayudas directas a las empresas y los sectores más afectados por la pandemia. Consta de dos compartimentos: uno con 2.000 millones de euros específico para las empresas de Canarias y las Islas Baleares, las regiones donde el sector turístico tiene un peso mayor; y otro de 5.000 millones de euros para el resto de las comunidades, que se repartirá en función de indicadores de renta, desempleo y paro juvenil.
Las ayudas son no reembolsables y de carácter finalista y deberán destinarse al pago de deudas contraídas desde marzo de 2020, tanto facturas con proveedores y gastos fijos como deudas bancarias o financieras, suministros energéticos, etcétera. Podrán acceder a ellas las empresas y autónomos cuyos ingresos hayan caído como mínimo un treinta por ciento con respecto a 2019, dentro de un conjunto de casi cien sectores y actividades, los más perjudicados por las restricciones.
Las ayudas podrán compensar hasta un cuarenta por ciento de la caída adicional de ingresos para las micropymes y los autónomos y hasta un veinte por ciento del resto de empresas. Se establece una cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos que tributan por módulos y un rango entre los 4.000 y 200.000 euros por empresa para el resto.
Nadia Calviño ha remarcado que estos 7.000 millones de euros se suman a los 24.000 ya transferidos por el Estado a las comunidades para dar una respuesta sanitaria, económica y social a la pandemia.
Línea para la Reestructuración de la deuda financiera
En los procesos de reestructuración de empresas viables con problemas transitorios que se acuerden con las entidades financieras, se podrán aplicar tres niveles de actuación sobre los préstamos que cuentan con aval público.
Un primer nivel supone la extensión del plazo de vencimiento de los préstamos, adicional a la prolongación aprobada el pasado noviembre. En un segundo nivel, se podrían convertir estos préstamos en préstamos participativos, manteniendo la cobertura del aval público. En el tercer nivel, excepcional y de último recurso, se permitiría realizar transferencias directas a autónomos y pymes para la reducción del principal de la financiación avalada contraída durante la pandemia.
Con el fin de articular estas medidas -ha indicado Calviño-, se aprobará un Código de Buenas Prácticas para que el sector financiero y el resto de organismos puedan implicarse en el apoyo de estas empresas.
Fondo de Recapitalización de empresas
Este fondo será gestionado por la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y complementa al fondo SEPI para la recapitalización de empresas estratégicas de mayor tamaño.
Su utilización conllevará la participación del Estado en los beneficios futuros de las empresas, así como una estrategia de salida, ya que la naturaleza temporal del fondo está fijada en ocho años, según ha detallado la ministra.
Requisitos de acceso
Para acceder a todas estas nuevas ayudas, las empresas deberán mantener su actividad hasta el 30 de junio de 2022 y no podrán repartir dividendos ni incrementar las retribuciones de la alta dirección durante dos años, además de cumplir el resto de requisitos habituales (no tener su domicilio fiscal en un paraíso fiscal, no estar en concurso ni haber cesado de actividad en el momento de la solicitud, encontrarse al corriente del pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social…).
María Jesús Montero ha precisado que el Real Decreto Ley prevé que en el plazo de un mes y diez días, el Gobierno tenga formalizada la orden de reparto del fondo a las comunidades autónomas, tras la firma de los correspondientes convenios, y con el objetivo de que cuanto antes estén disponibles para ayudar al tejido productivo.
Nadia Calviño ha subrayado que el Real Decreto-ley completa una "batería sin precedentes" de instrumentos para apoyar a las empresas con problemas de solvencia, siempre con el objetivo de mantener la actividad y el empleo. Esa es la meta fundamental para los próximos meses, lo que requiere centrar los esfuerzos en cuatro prioridades: controlar la pandemia y acelerar el proceso de vacunación, asegurar la estabilidad financiera, evitar un impacto estructural en el tejido productivo y desplegar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de manera ágil y eficaz.
Asuntos de actualidad
Preguntada por la posible prolongación del estado de alarma después del 9 mayo, María Jesús Montero ha afirmado que el Gobierno "no tiene una posición predeterminada" en este aspecto. La decisión, ha dicho, dependerá de las variables epidemiológicas y de la prevalencia que tenga la enfermedad sobre los 14 días anteriores a su finalización.
Respecto a la administración de la vacuna de AstraZeneca en España tras notificarse varios casos de efectos trombóticos en otros países europeos, la portavoz del Ejecutivo ha informado de que en nuestro país no ha sido declarada ningún tipo de reacción que contraindique su uso.
Montero ha transmitido tranquilidad a los ciudadanos y ha puesto en valor el sistema de farmacovigilancia del sistema sanitario español, que permite monitorizar y registrar cualquier efecto adverso.
ANEXO
Ayudas directas para reforzar la solvencia de autónomos y empresas
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, que moviliza 11.000 millones de euros en ayudas directas a las empresas, mediante subvenciones, reducción de costes y refuerzo de su capital.
Estas ayudas se dirigirán a empresas viables en los sectores más afectados por la pandemia, con el fin de canalizar los recursos al conjunto de la economía y reducir el riesgo de un sobreendeudamiento que pueda lastrar la recuperación económica.
El objetivo es seguir protegiendo el tejido productivo, mantener el empleo, prevenir un impacto negativo en las finanzas públicas y en el sistema financiero y, en último término, evitar un impacto estructural en la economía. Para ello, la norma establece diversos instrumentos para que empresas y autónomos puedan hacer frente al pago de facturas con proveedores, costes fijos y otras deudas, financieras y no financieras, mejorando así sus balances y garantizando el mantenimiento de sus negocios.
Las nuevas medidas, junto a las ya acordadas para este año, suponen un esfuerzo fiscal de ayudas directas para proteger el tejido productivo, el empleo y la sanidad que supera el 2% del PIB. Unas medidas entre las que se encuentran los recursos transferidos por el Estado a las comunidades autónomas y que están permitiendo ya que se movilicen 2.000 millones de euros para ayudar a autónomos y empresas en sus territorios.
Estas ayudas se unen a otras medidas ya vigentes, como las moratorias para el pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social y otras moratorias para la devolución de los créditos públicos, créditos hipotecarios y préstamos sin garantía hipotecaria con entidades financieras, o el pago de alquileres en el caso de autónomos o personas vulnerables.
Asimismo, complementan los diferentes paquetes de medidas puestos en marcha para apoyar a autónomos y empresas el pasado año, con una movilización de ayudas del 20% del PIB que sitúa la respuesta española a las consecuencias sociales y económicas de la COVID-19 entre las más elevadas de los países de la UE.
Cuatro ejes de actuación
El alargamiento de la crisis sanitaria y los efectos en la economía de las medidas adoptadas para frenar su expansión hacen necesario aprobar nuevas ayudas para reforzar la solvencia y evitar un deterioro patrimonial de empresas viables.
Con este objetivo se crean tres fondos de ayudas a empresas viables cuya situación patrimonial se haya deteriorado como consecuencia de la pandemia por un total de 11.000 millones de euros. Adicionalmente se amplía la vigencia de algunas medidas en el ámbito concursal hasta final de 2021.
Condiciones para las ayudas
La recepción de todas estas ayudas estará condicionada a que las empresas receptoras no tengan su domicilio en un paraíso fiscal, no estén en concurso ni hayan cesado la actividad en el momento de la solicitud, se hallen al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y no repartan dividendo ni aumenten los salarios de su equipo directivo durante un periodo de dos años, así como al mantenimiento de su actividad hasta junio de 2022.
Línea de 7.000 millones de euros para ayudas directas a autónomos y empresas
La nueva Línea de ayudas directas a autónomos y empresas, dotada con 7.000 millones de euros, tiene como objetivo que las comunidades autónomas concedan ayudas directas a los autónomos y empresas de los sectores más afectados por la pandemia cuyos ingresos hayan caído más de un 30% con respecto a 2019.
Estas nuevas ayudas directas no reembolsables se añaden a los fondos, por importe de 24.000 millones de euros, ya transferidos por el Estado a las comunidades autónomas en 2020 y 2021 para que den un respuesta sanitaria, económica y social para paliar los efectos de la pandemia. Las comunidades autónomas ya han anunciado su intención de utilizar 2.000 millones de euros de estos recursos para ayudas directas a autónomos y empresas.
Las nuevas ayudas establecidas tendrán carácter finalista y se emplearán para el pago de deudas contraídas por las empresas desde marzo de 2020, como pagos a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o reducción de la deuda financiera.
Podrán acceder a estas ayudas todas las empresas y autónomos del sector de la hostelería y la restauración, los sectores con acceso a los ERTE ampliados establecidos en el Real Decreto-ley 2/2021, y otros especialmente afectados por la pandemia, como las actividades de la industria manufacturera relacionadas con el comercio y la hostelería; comercio al por mayor y minorista; sectores auxiliares al transporte; mantenimiento aeronáutico, y actividades relacionas con la cultura y las actividades deportivas. En total, son cerca de un centenar las actividades a las que podrán llegar los recursos.
Esta línea constará de dos compartimentos: uno de 5.000 millones, que se destinará al conjunto de comunidades autónomas, salvo Islas Baleares y Canarias. La asignación de los fondos se realizará siguiendo los mismos criterios que los utilizados para el REACT EU: impacto de la pandemia en la riqueza de la comunidad autónoma, impacto de la crisis en el desempleo e impacto en el desempleo juvenil.
El segundo compartimento, de 2.000 millones de euros, se destinará a Islas Baleares y Canarias, por el impacto diferencial sobre su economía del mayor peso de los sectores más afectados por la pandemia.
Podrán beneficiarse autónomos y empresas viables que hayan tenido una caída de sus ingresos de al menos el 30% en 2020 respecto al año anterior.
Las ayudas cubrirán hasta un 40% de la caída adicional de ingresos de las microempresas y autónomos (con hasta 10 empleados), y un 20% para el resto de empresas, con una cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos que tributen en régimen de estimación objetiva y un rango de entre 4.000 y 200.000 euros para el resto.
Ayudas para la reestructuración de deuda financiera COVID
Este segundo eje de actuación incluye un conjunto de medidas de apoyo y flexibilización de los préstamos que cuenten con aval público, permitiendo así que el ICO se incorpore a los procesos de refinanciación y reestructuración que pacten los bancos y sus clientes, protegiendo también la estabilidad financiera.
Este eje se ve apoyado mediante la creación de una nueva línea para la reestructuración de deuda financiera con aval del Estado, dotada con 3.000 millones de euros.
Las Líneas de Avales del ICO puestas en marcha en 2020 han permitido movilizar más de 121.000 millones de euros de financiación para autónomos y empresas. La norma aprobada hoy extiende hasta el 31 de diciembre el plazo para solicitar préstamos con aval del ICO.
En noviembre se adoptaron ya medidas para facilitar el pago de estas deudas, al extenderse hasta dos años el periodo de carencia del pago del principal y ampliarse a ocho años el plazo de devolución de los préstamos.
Sobre la base del análisis del cliente que haga la entidad financiera, se podrán acordar medidas para, en primer lugar, extender por un periodo adicional el plazo de vencimiento de los préstamos con aval público; en segundo lugar, convertir los préstamos con aval público en préstamos participativos, medida que reforzará los recursos propios de las empresas beneficiarias al tener estos préstamos un tratamiento equivalente al capital a efectos mercantiles.
Como medida de último recurso en este ámbito, se permite la concesión de ayudas directas para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia.
Las ayudas podrán destinarse a las empresas que cumplan los criterios de elegibilidad que se establecerán por un posterior Acuerdo de Consejo de Ministros y dentro de un proceso de renegociación acordado por los clientes con las entidades financieras, que asumirán la parte proporcional de la reducción del préstamo.
Para la articulación de estas medidas se aprobará un Código de Buenas Prácticas, de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras y otros organismos, similar al existente en el ámbito hipotecario, cuyo objetivo es favorecer una actuación coordinada y eficiente de los bancos en apoyo de empresas viables con problemas puntuales de solvencia.
Fondo de recapitalización de empresas medianas
En tercer lugar, y para los casos en que las medidas anteriores no hayan sido suficientes, se crea un Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID, dirigido a reforzar los balances de empresas que eran viables en diciembre de 2019, pero que se enfrentan a problemas de solvencia por la pandemia.
Este fondo está dotado con 1.000 millones de euros y será gestionado por COFIDES, empresa con capital público-privado. Las ayudas se realizarán en forma de instrumentos financieros, como préstamos ordinarios, préstamos participativos, capital u otros a empresas que atraviesen dificultades temporales y que no puedan acceder a las ayudas del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, gestionado por SEPI, que tiene un importe mínimo de aportación de 25 millones de euros.
Modernización de la normativa concursal para favorecer la continuidad de la actividad empresarial
El Real Decreto-Ley aprobado establece también medidas en el ámbito concursal, extendiéndose hasta el 31 de diciembre las moratorias actuales, con el fin de que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo.
De forma específica, se extienden las moratorias relativas a la exención del deber del deudor de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso que presenten los acreedores; se amplía el plazo para renegociar, tanto los acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pago (ambos son instrumentos previos al concurso), como los propios convenios concursales; y se amplían hasta el 31 de diciembre de 2021 las medidas procesales que agilizan los procesos, como la tramitación preferente y el fomento de la subasta extrajudicial.
Esta extensión proporcionará un periodo para abordar los procesos de análisis y reestructuración de las empresas sin desencadenar una innecesaria pérdida de valor en tanto se moderniza y agiliza el régimen concursal, favoreciendo la acción temprana y los acuerdos de reestructuración de las deudas con el fin de evitar la destrucción de empleo y de tejido productivo, con ocasión de la transposición de la Directiva de la UE sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.
Otras medidas
Adicionalmente, con el objetivo de reforzar la solvencia de las empresas se amplían los plazos de ejecución de proyectos financiados por la Secretaría General de Industria y de la PYME y de los préstamos concedidos por Emprendetur a empresas del sector turístico.
También se aumenta a cuatro meses el periodo para poder retrasar el pago de deudas tributarias sin intereses de demora.
La norma regula la posibilidad de que las sociedades anónimas que no hayan podido modificar sus estatutos puedan seguir celebrando la junta general o asamblea de socios por medios telemáticos durante el ejercicio 2021, siempre que se garantice la identidad del accionista que ejerce su derecho de voto y se ofrezca la posibilidad de participar en la reunión por distintas vías.
Finalmente, se establecen los mecanismos necesarios para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores pueda regular la publicidad de criptoactivos u otros activos o instrumentos presentados como activos de inversión que en la actualidad se encuentran fuera del perímetro de la regulación financiera.
