"Consideramos que el almacén CASTOR constituye una inversión fallida, donde prevaleció la construcción de la infraestructura para sobre su viabilidad, y no estamos de acuerdo en que los usuarios del gas tengan que asumir el coste cuando ni siquiera se ha llegado a poner en marcha ", afirmó Abad," la industria supone más del 60% del consumo del gas en todo el estado español y el incremento de costes en los procesos productivos afectará directamente su competitividad sin obtener a cambio ninguna mejora en el servicio de suministro de gas ".
Las entidades denunciantes son asociaciones empresariales que aglutinan y representan los intereses de empresas usuarias de los servicios de gas afectados por la medida que impugna la misma denuncia. Entre las empresas representadas más del 50% son empresas industriales, manufactureras de diversos sectores. En estas empresas el consumo energético, y en especial el del gas, tienen una importancia estratégica ya que supone una parte relevante de los costes industriales y, por tanto, de los gastos de explotación.
Según el estudio "Panorámica Industrial" del INE, el gas constituye el 28% del consumo energético en la industria extractiva y manufacturera española, destacando la industria química donde el consumo de gas alcanza el 43% del total de consumo energético que utiliza este tipo de industria. "Hay sectores en los que el peso de la industria se estratégico para poder continuar la actividad", aseguró Laquidain, quien ha añadido que "la resolución de Castor es totalmente incoherente con el discurso del Gobierno sobre la necesidad de reindustrializar el país, de hacer un plan estratégico para consolidar un modelo industrial ".
Laquidain remarcó que el sector industrial es el que mejor garantiza la estabilidad laboral y el empleo en los territorios, que es un sector estratégico por lo que conlleva no sólo en empleo directo, sino también con toda la industria auxiliar y de servicios que genera el su entorno. "Las administraciones deberían velar para que la industria y tenga las mejores armas para poder competir en otros mercados".
"El uso y consumo de gas en muchas empresas de diferentes sectores productivos representa continuar la actividad o dejar de hacerlo. Si se repercute el coste de Castor a partir del 1 de enero, estarán perjudicando la continuidad de estos sectores, teniendo en cuenta que España ya es de los países de la Unión Europea con la energía más cara y no precisamente por el coste de la generación ", concluyó.
Las entidades entienden que la fórmula diseñada por el Gobierno para resarcir a la concesionaria afectará negativamente a la competitividad de las empresas, entre ellas las representadas por las propias entidades, respecto a sus competidores comunitarios. "El incremento de las tarifas, que serán trasladadas a las empresas usuarias de gas conllevará un aumento de los costes industriales significativos. De hecho el incremento de los recibos tanto para la industria como para los particulares, será de un 4,5% más a partir de enero si no lo evitamos ", agregó Garriga. "Siempre llueve sobre mojado. Desde el sector empresarial estamos cansados de escuchar cada día a las administraciones que nos dicen que nuestras empresas deben internacionalizarse, que tienen que ganar dimensión, que deben ser más competitivas, que deben ser más innovadoras, pero las acciones y medidas que impulsan no favorecen para nada este contexto y el Castor es una prueba más ".
Para Garriga, las empresas y, en especial las pymes, están pagando sobre costes de muchos errores de las administraciones: constantes cambios legislativos que provocan inseguridad jurídica.
Las entidades empresariales no cuestionan la decisión que el Gobierno tomó en 1996, de analizar y prever un lugar donde ubicar depósitos de reserva de gas, sobre todo en áreas de gran consumo como lo son Cataluña o la Comunidad Valenciana, donde tampoco se dispone de ningún almacén de este combustible. En la época del boom inmobiliario tenía sentido que el Gobierno quisiera prever situaciones de emergencia en un escenario de crecimiento de población, de actividad y de consumo. "No criticamos que se buscara un espacio para ubicar un depósito de reserva y que se analizara en previsión de futuras necesidades", afirma Abad, "ahora bien, a partir del análisis no entendemos, ni mucho menos compartimos, como ha evolucionado todo ello ".
Las entidades han emitido una carta al Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para pedir que deje sin efecto la aplicación del cobro de los 1.350 M de euros y los intereses derivados mediante Enagas Transporte, SAU los consumidores de gas, prevista a partir del próximo 1 de enero de 2016, hasta que la Comisión Europea emita su resolución en relación a la denuncia.
Una denuncia por Ayudas de Estado
Con la denuncia, presentada en la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea, las entidades empresariales someten a su consideración la actuación del Gobierno de España en relación a la plataforma subterránea de almacenamiento de gas CASTOR, ya que entienden que el Gobierno de España no sólo ha actuado en contra del interés general y en perjuicio de la ciudadanía española, sino que además su actuación contraviene normativa comunitaria y constituye una ayuda de Estado ilegal según el artículo 107 del Tratado Fundacional de la Unión Europea.
La abogada Asun Cirera, encargada de coordinar el equipo jurídico que ha elaborado y tramitado la denuncia, afirma que en todo el proceso ha habido errores por parte del Estado a lo largo de los años, con diferentes Gobiernos a la cabeza, que benefician una única empresa. "Y el pago de la compensación ordenada por el Gobierno a ESCAL UGS, SL no era legalmente preceptiva, ni obedeció a un objetivo de interés común", afirma Cereza.
Cereza está convencida de que la denuncia cumple con los cinco preceptos necesarios para que la CE acepte y plantee una investigación al respecto: debe tener origen de Estado; debe constituir una ventaja; debe ser selectiva; debe afectar a la competencia ya los intercambios entre Estados Miembros y, finalmente, la medida no debe ser compatible con el Mercado Único.
