La Confederación Española de Comercio (CEC) quiere mostrar su descontento sobre el ultimátum lanzado por el Gobierno a las patronales para cerrar un acuerdo en los próximos días sobre la reducción de jornada laboral. «No entendemos la pretensión de imponer una medida como es la reducción de la jornada por aquellos que precisamente dicen defender el diálogo y el acuerdo entre las partes. Esta exigencia por parte del Ejecutivo no respeta el ámbito del diálogo social que representan los cientos de convenios colectivos que tienen en consideración las diferentes particularidades y realidades socio económicas de los ámbitos territoriales en los que se negocian», argumenta la patronal del comercio en un comunicado.
Además, añade, «una imposición de esta magnitud, se salta el papel que la Constitución otorga a los agentes sociales y no tiene la más mínima consideración y respeto hacia el diálogo social en un sector como el comercio en el que se verían afectadas más de 200.000 empresas de entre 1 y 9 asalariados, que correrían un alto riesgo de desaparición si se les aplicara unas medidas que, si bien podrían cumplir su fin en otros sectores y tamaños de empresa, no lo harán en un sector como el comercio de proximidad, debilitado por el constante incremento de costes al que se ve sometido por el desarrollo de su actividad».
En opinión de la organización, «se entiende menos, si cabe, que una medida de esta envergadura no considere periodos de transitoriedad en función de las negociaciones de los convenios colectivos actualmente vigentes, lo que podría considerarse una injerencia».
La afectación en el comercio minorista
CEC estima que la reducción de la jornada laboral costará al sector hasta 3.866 millones de euros. «Desde la patronal del comercio de proximidad reiteramos nuestra preocupación por los efectos que esta medida puede tener sobre un sector tan estratégico para la economía como es el comercio minorista, formado en total por 393.287 empresas que representan el 12,3% del total del tejido empresarial a nivel nacional y generan el 4,9% del PIB nacional».
El comercio minorista emplea en España a 1.431.974 trabajadores por cuenta ajena que, sostiene CEC, «verán reducida su jornada laboral en 2,5 horas semanales una vez aprobada la reforma del Gobierno central. Eso supondrá, en conjunto, una reducción de 171,8 millones de horas al año. Estas cifras se refieren únicamente a los trabajadores por cuenta ajena y no tienen en cuenta a los 480.000 comerciantes autónomos para los que esta medida tendría otro efecto colateral sobre la conciliación del tiempo de trabajo y personal si desean mantener su capacidad competitiva, dadas las dificultades de contratación de personal cualificado para complementar esas horas».
Por otro lado, advierte la organización, y en caso de contar con esa capacidad de contratación, «supondría un sobrecoste que resultaría inasumible para muchos autónomos y pymes del sector. Estimamos que el coste laboral total anual para las empresas de comercio minorista española será de 3.866 millones de euros, como consecuencia de la necesidad de suplir las horas reducidas en las posiciones donde no es posible compensarlas».
En esta línea, alerta, «este coste, que toma como referencia el coste laboral por hora de la última encuesta elaborada por el INE, correspondiente al cuarto trimestre de 2023, se calcula partiendo del supuesto, totalmente alejado de la realidad, de que las empresas pudieran contratar trabajadores formados para cubrir las horas reducidas, y de que estas empresas poseen el tamaño suficiente para adaptar y gestionar con flexibilidad sus turnos, lo que es muy difícil en las empresas más pequeñas de comercio».
Todo ello, teniendo en cuenta que además el comercio es uno de los sectores donde la presencia física de personas en el punto de venta es más necesaria para ofrecer una adecuada atención al cliente, afectando por tanto de manera directa a la competitividad y productividad del sector.
Así las cosas, afirma CEC, «especialmente gravosa resultará esta medida para el cerca de medio millón de trabajadores por cuenta propia, que tras la última reforma de la Seguridad Social referida al régimen de autónomos ha visto encarecidos sus costes, lo que agrava todavía más si se añade el coste que supondría la reducción de la jornada en los términos planteados».
Por tanto, concluye la patronal del comercio, «un enfoque realista apunta a que los pequeños comercios, sin capacidad o posibilidad de garantizar la rotación de sus plantillas, se verán obligados a cerrar 120 horas al año o lo que es lo mismo, 120 horas menos abiertos y por tanto más pérdida de competitividad frente a formatos comerciales más grandes y en especial frente a las grandes plataformas de venta online, a las que no afectaría esta normativa y que sí pueden generar eficiencias por el tamaño de sus plantillas».
