En estas circunstancias, lo que necesitan estas actividades económicas son palancas que les permita recuperar al menos parcialmente su actividad y sacar a los trabajadores del ERTE. El cobro del IBI es cuestionable en estos momentos, y su incremento cercano al 15%, sin duda va en dirección contraria al impulso de la recuperación económica y del empleo.
La Confederación apunta a que a finales del año pasado se trabajó con el fin de que el Ayuntamiento reconsiderara la decisión de la subida, ya que hace tan solo cuatro años ya se registró otro incremento. El gobierno municipal aprobó para este año el aumento generalizado del IBI de un 3%, que en el caso del comercio puede llegar al 10% de incremento, es decir en total a un 13%. Este 10% es el llamado impuesto diferenciado por el elevado valor catastral de alguno de los locales.
En una situación de extrema emergencia económica como la actual, en la que se precisa que los ayuntamientos impulsen medidas de ayuda y aplazamientos en materia de impuestos, a fin de contribuir a paliar el impacto del coronavirus en los principales sectores, el Ayuntamiento de Valencia ha llevado a cabo esta decisión, que ocasiona un notable “perjuicio” a un pequeño comercio, que está luchando por la supervivencia, y que sin duda es fundamental dentro del territorio, ya que genera riqueza y desarrollo, impulsa la economía local, dinamiza y da vida a la ciudad, siendo el principal motor de empleo estable y de calidad.
