El comercio electrónico ha revolucionado la forma en que los europeos compran, pero su expansión trae consigo una amenaza creciente: la entrada masiva de productos inseguros, falsificados o no conformes con la normativa europea. Un informe conjunto de 64 organizaciones, entre ellas ONG medioambientales y de consumidores, asociaciones industriales, minoristas y mayoristas, alerta sobre la urgencia de cerrar las lagunas regulatorias que permiten que estos artículos lleguen sin control al mercado comunitario, informan fuentes de la Confederación Europea de Confección y Textiles (EURATEX).
Un riesgo creciente para consumidores y medio ambiente
En 2023, según datos de la Comisión Europea, 4.600 millones de paquetes de menos de 150 euros llegaron al mercado de la UE procedentes de terceros países. Muchos de ellos esquivaron las verificaciones de seguridad, etiquetado o sostenibilidad. El fenómeno se intensifica en campañas como Black Friday o Navidad, cuando la publicidad agresiva y la facilidad de acceso a plataformas internacionales disparan las ventas.
El problema va más allá de simples imitaciones. Productos eléctricos sin certificación, juguetes peligrosos para niños, textiles sin cumplir normativas medioambientales o aparatos médicos vendidos sin representante autorizado en la UE han inundado los marketplaces digitales. Ejemplos recientes muestran que:
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Un estudio de LightingEurope reveló que el 100% de las lámparas analizadas online eran no conformes.
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Una investigación de la industria juguetera europea concluyó que el 80% de los juguetes adquiridos a vendedores externos en marketplaces no cumplía las normas de seguridad de la UE.
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El fenómeno del “free riding” en sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (EPR) supone que entre 460.000 y 920.000 toneladas de productos evaden las tasas y obligaciones medioambientales cada año.
Los vacíos legales de los marketplaces
El núcleo del problema está en que los marketplaces no están reconocidos legalmente como operadores económicos en la UE. Esto significa que no tienen responsabilidad directa sobre los productos que terceros vendedores, generalmente fuera de Europa, ponen a disposición de los consumidores. Solo actúan si reciben una notificación de incumplimiento.
Ni la Digital Services Act (DSA) ni el Reglamento General de Seguridad de Productos (GPSR) han logrado resolver esta brecha. Tampoco lo ha hecho el Pacto Verde Europeo, pese a su ambición en materia de sostenibilidad. El resultado: plataformas que funcionan como puertas de entrada para bienes ilegales o inseguros, sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Recomendaciones: un marco más estricto y coherente
La coalición plantea un conjunto de medidas concretas para garantizar que todos los productos —fabricados en Europa o importados— cumplan las mismas reglas:
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Operador económico obligatorio en la UE: cada producto vendido en Europa debe contar con un responsable identificado dentro de la Unión.
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Reconocimiento de los marketplaces como operadores económicos: cuando el vendedor esté fuera de la UE, la plataforma debe asumir la responsabilidad de que el producto cumple la legislación europea.
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Obligaciones reforzadas para las plataformas: verificación documental y pruebas aleatorias de productos, trazabilidad de vendedores, control de registros EPR y asunción de sanciones o tasas en caso de incumplimiento.
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Mejor trazabilidad de productos: integración de bases de datos comunitarias (SCIP, EPREL, ICSMS) con el futuro Pasaporte Digital de Producto, que permitirá mayor transparencia.
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Reforma aduanera: adopción del principio de “importador considerado” en el Código Aduanero de la Unión y eliminación urgente del umbral de 150 euros para exención de impuestos.
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Refuerzo de la vigilancia de mercado: más recursos para aduanas y autoridades nacionales, e incluso la creación de un organismo europeo de control que bloquee envíos y sitios web reincidentes.
Un llamado urgente a Bruselas
La declaración conjunta insiste en que cerrar estas lagunas no solo es vital para proteger a los consumidores y al medio ambiente, sino también para garantizar una competencia leal: hoy, las empresas europeas que cumplen estrictamente la normativa compiten en desigualdad frente a importadores que eluden reglas y costes.
Con la temporada de compras navideñas y grandes campañas de descuentos a la vuelta de la esquina, las organizaciones firmantes reclaman a las instituciones comunitarias actuar rápido y con decisión. La meta es clara: que cualquier producto vendido en Europa, sin importar su origen, se ajuste a los altos estándares de seguridad, sostenibilidad y equidad que caracterizan al mercado único europeo.













