El informe Impacto del Proyecto de Real Decreto de Gestión de Residuos Textiles, elaborado por CEPYME y fechado en agosto de 2025, pinta un escenario de fuerte tensión para el tejido productivo español: según sus cálculos, la implantación del sistema colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) tal y como figura en el borrador normativo podría elevar los costes del sector desde 48,5 millones de euros anuales (año base 2025) hasta más de 125 millones en 2030, con un coste total que, sumando inversiones y partidas operativas del PRD, rondaría 134 millones de euros; el precio por tonelada gestionada saltaría de los 250 €/t actuales a más de 400 €/t en 2030.

Para CEPYME, ese aumento —que se acompaña de costes de arranque y obligaciones administrativas adicionales— no se traduce necesariamente en beneficios ambientales proporcionales, y sí sígnifica una transferencia de cargas económicas y burocráticas hacia las pequeñas y microempresas del sector, que conforman la inmensa mayoría del tejido empresarial textil español. El informe subraya que la regulación, en su redacción actual, corre el riesgo de provocar la desaparición de más de 11.000 pymes y la pérdida de alrededor de 21.000 empleos directos (un 15 % del empleo sectorial), además de unos 17.000 empleos indirectos potencialmente afectados.

Costes, tiempos y componentes: por qué el sector considera el PRD desproporcionado

El estudio detalla dos tipos de cargas que preocupan especialmente a las empresas: (1) costes operativos del SCRAP y (2) costes de puesta en marcha y obligaciones administrativas. Sobre el primer punto, la hipótesis técnica parte de 194.000 toneladas anuales a gestionar (valor 2025), que, multiplicadas por la tarifa de 250 €/t estimada en la memoria, arrojan un coste operativo de 48,5 M€ en 2025. Con la proyección de aumento de la recogida separada y crecimiento de generación de residuos, la hoja de cálculo de CEPYME sitúa ese coste operativo en 125,2 M€ en 2030, por lo que la tarifa efectiva por tonelada se elevaría a 402 €/t si se fiscaliza toda la carga.

En cuanto a los costes de arranque, la organización estima entre 61,2 y 73,1 M€ para el primer año (escenario base ~67,0 M€), que incluyen la instalación de 12.185 contenedores adicionales (inversión que CEPYME cifra en 12,8 M€), campañas de comunicación, sensores IoT, plataformas informáticas y costes de constitución de los SCRAP. Estas partidas elevan de forma significativa la carga inicial para los productores y los sistemas colectivos.

La “fracción gris”: el agujero financiero que no resuelve el PRD

Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es el tratamiento de la fracción gris —la parte de residuos textiles que termina en la fracción resto de los residuos domésticos—: CEPYME calcula que son 792.000 toneladas anuales(88% del total generado), cuyo coste de gestión, si se incorpora a las obligaciones de financiación previstas por el artículo 29 del PRD, ascendería a 277,2 millones de euros anuales (estimando un sobrecoste de ~100 €/t sobre la tarifa SCRAP, hasta 350 €/t en la gestión de esa fracción). El informe advierte de que la tarifa de 250 €/t propuesta inicialmente no cubre ese volumen ni su coste, lo que plantea tensiones financieras y un conflicto de responsabilidad entre productores y gobiernos locales.

CEPYME propone alternativas en el documento (cofinanciación, incentivos a la recogida selectiva, fondos estatales o europeos, o inversión en I+D para reciclaje de mezclas textiles) para evitar que el coste de la fracción gris se convierta en una carga indiscriminada que termine por estrangular a las pymes y a las administraciones locales.

Impacto por tamaño de empresa y en el empleo: la asimetría que alarma

El sector textil español es muy atomizado: casi el 94,4 % de las empresas son microempresas (menos de 10 trabajadores). El informe incorpora un análisis por segmentos que muestra la proporción del coste sobre el beneficio medio: en 2030 las microempresas verían un impacto medio sobre beneficio del 10,1 %, frente al 4 % en pequeñas, 3,2 % en medianas y 2,7 % en grandes, lo que evidencia la fuerte asimetría regulatoria. A partir de estas cifras, CEPYME estima que:

• Una de cada tres microempresas podría perder viabilidad por la nueva carga normativa.

• El escenario central apunta a la desaparición de más de 11.000 empresas y la pérdida de aproximadamente 21.000 empleos directos en 2030.

El consiguiente efecto territorial y social sería la “desertización productiva” de núcleos de comercio local, talleres y pequeñas fábricas, con concentración de actividad en grandes cadenas y plataformas digitales que sí pueden absorber los costes regulatorios.

Otras obligaciones del PRD que aumentan la presión: trazabilidad, espacio para segunda mano y registros

Más allá de las tasas y los contadores por tonelada, el PRD incorpora deberes operativos que incrementan la carga administrativa: obligación de colaboración en recogida separada, registros y reportes (inscripción, declaración anual, auditorías), información al consumidor y exigencias como la reserva de espacio para productos de segunda mano en tiendas de más de 400 m². CEPYME cuantifica que la adecuación de espacios para segunda mano tendría un coste inicial estimado de 11,5 M€ en el primer año y 8,9 M€ anuales después, afectando a 167 empresas y 5.333 tiendas. Además, las cargas administrativas anuales previstas por el informe (inscripción, declaraciones, gestión de recogida separada, información al consumidor) sumarían decenas de millones en su conjunto, multiplicando por diez las previsiones iniciales de la memoria normativa.

¿Es inevitable la RAP? Sí — pero su diseño puede marcar la diferencia

CEPYME subraya que la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) es un instrumento europeo consolidado y que la discusión no es su existencia, sino su diseño y despliegue. El informe plantea que una RAP orientada a la innovación, con eco-modulación de tasas, financiación de hubs de reciclaje, desarrollo de “fiber-to-fiber” y apoyo a I+D+i, podría convertir a España en un hub europeo de reciclado textil y generar empleo verde de calidad. Sin embargo, en su configuración actual, el PRD corre el riesgo de convertirse en un mecanismo que transfiere costes sin garantizar retornos ambientales ni industriales.

Las recomendaciones que urge CEPYME durante la fase de alegaciones

En el documento, CEPYME reclama —entre otras medidas—:

• Revisar la tarifa de referencia y modularla por tamaño de empresa y categoría de producto (eco-modulación).

• Acordar un plan de financiación compartida para la fracción gris (cofinanciación con ayuntamientos y apoyo estatal/europeo).

• Establecer periodos de adaptación, evitar retroactividad y fijar objetivos realistas de recogida en línea con la capacidad de infraestructura y la madurez del consumidor.

• Priorizar la inversión en infraestructuras de clasificación y reciclado avanzado, y destinar parte de los fondos a I+D+i que permitan reducir el volumen no reciclable.

Diálogo técnico y ajustes necesarios para evitar una factura social

El informe de CEPYME pone sobre la mesa un debate técnico y político de fondo: la transición hacia una economía circular en el textil es ineludible, pero si no se acompasa con instrumentos financieros, plazos y apoyos reales, la implantación del SCRAP tal y como está concebido podría provocar daños socioeconómicos relevantes —cierres de pymes, pérdida de empleo y concentración de mercado— sin asegurar mejoras ambientales proporcionales. El periodo de presentación de alegaciones es la ventana para introducir correcciones que mitiguen la asimetría regulatoria y orienten la normativa hacia medidas que fomenten la circularidad, la innovación y el empleo en toda la cadena de valor.