El crecimiento acelerado del comercio electrónico transfronterizo ha abierto un intenso debate en Europa sobre la equidad regulatoria, la protección del consumidor y la defensa del Mercado Único. Ese debate se ha materializado en la jornada Plataformas de comercio electrónico procedentes de países terceros, celebrada la semana pasada en la sede de las Instituciones Europeas en España, donde ha quedado patente un consenso institucional y social sin precedentes: el problema no es la falta de normas, sino su cumplimiento efectivo frente a determinadas plataformas digitales asiáticas.

La presidenta de LA DISTRIBUCIÓN ANGED, Matilde García Duarte, fue clara al reclamar una “aplicación real, efectiva y coordinada de la normativa europea” para garantizar una competencia justa y proteger al consumidor. Según expuso, las plataformas extracomunitarias concentran ya alrededor de un tercio de los pedidos online, beneficiándose de lagunas en el control aduanero y en la vigilancia de mercado.

Un volumen de envíos sin precedentes y con escaso control

Los datos expuestos durante la jornada reflejan la magnitud del fenómeno. Solo en el último año, 180 millones de paquetes de menos de 150 euros han entrado en España exentos de aranceles, una cifra que se ha multiplicado por cuatro desde 2021, según la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Buena parte de estos envíos proceden de plataformas asiáticas, especialmente chinas, que concentran en torno al 34 % de los pedidos online.

Este aluvión de productos de bajo valor plantea serias dificultades de control en frontera. Como alertaron representantes de consumidores, más del 65 % de estos artículos infringen la normativa europea en materia de seguridad, salud o derechos del consumidor. Juguetes, productos electrónicos, cosméticos o textiles llegan al mercado sin cumplir los estándares exigidos a los operadores establecidos en la Unión Europea.

El mensaje de las instituciones: proteger al consumidor en el entorno digital

En la apertura del encuentro, el secretario general de Consumo, Andrés Barragán, subrayó la necesidad de reforzar la protección del consumidor en un contexto digital marcado por el crecimiento explosivo de los envíos de bajo valor y las limitaciones actuales para su inspección. Barragán apuntó a la importancia de dotar de más medios a las autoridades competentes para garantizar que los derechos de los ciudadanos no se diluyan en el comercio online global.

Desde el ámbito europeo, los eurodiputados Pablo Arias (PPE) y José Cepeda (S&D) coincidieron en que el gran reto es transformar la legislación existente —como la Ley de Servicios Digitales— en “resultados tangibles”. Ambos defendieron reforzar la cooperación entre Estados miembros y dotar a la Unión de una capacidad sancionadora real y efectiva frente a incumplimientos reiterados.

En este sentido, señalaron la próxima comparecencia de SHEIN, prevista para el 27 de enero, ante la Comisión IMCO del Parlamento Europeo como un momento clave para avanzar en la rendición de cuentas de las grandes plataformas extracomunitarias.

Tres mensajes clave desde el sector de la distribución

Durante su intervención, Matilde García Duarte articuló la posición de LA DISTRIBUCIÓN en torno a tres ideas fundamentales. La primera, que precio y cumplimiento normativo no son incompatibles. “Un producto puede ser económico cumpliendo la normativa. Lo que no es aceptable es competir incumpliendo la ley y poniendo en riesgo la seguridad del consumidor”, afirmó.

El segundo mensaje fue contundente: Europa no necesita más normas, sino que se cumplan las que ya existen. A juicio de la presidenta de ANGED, el marco europeo en seguridad de producto, consumo, fiscalidad, aduanas y servicios digitales es sólido, pero adolece de una aplicación desigual, especialmente cuando se trata de operadores establecidos fuera de la UE. Para corregirlo, reclamó más recursos para la vigilancia de mercado y herramientas europeas eficaces ante infracciones graves y reiteradas.

Por último, García Duarte advirtió contra el riesgo de respuestas nacionales desordenadas, como tasas específicas o bloqueos unilaterales, que podrían fragmentar el Mercado Único. “La respuesta debe ser europea, coordinada y basada en enforcement, no en una carrera de medidas que termine perjudicando al consumidor”, señaló.

Consumidores y sector digital, en la misma dirección

El consenso no se limitó al sector de la distribución. La directora de Asuntos Públicos de la OCU, Ileana Izverniceanu, alertó del elevado número de productos inseguros detectados en plataformas extracomunitarias y reclamó responsabilidad directa de los marketplaces, así como controles preventivos que impidan que artículos peligrosos lleguen al consumidor.

Desde DigitalES, su directora de Regulación y Asuntos Públicos, Carmen Sánchez Muñoz, defendió que innovación y regulación pueden y deben convivir, siempre que las normas se apliquen de manera proporcional y homogénea en los 27 Estados miembros. A su juicio, el déficit actual no está en la regulación, sino en su cumplimiento efectivo.

Del diagnóstico a la acción

La jornada dejó un mensaje claro: existe un amplio acuerdo entre empresas, consumidores, sector digital e instituciones europeas sobre la necesidad de garantizar igualdad de reglas, proteger al consumidor y preservar el Mercado Único. El desafío ahora es pasar del diagnóstico a la acción, reforzando los mecanismos de control, coordinación y sanción para que las normas europeas se apliquen por igual a todos los operadores, con independencia de su país de origen.