En un comunicado conjunto firmado por 64 organizaciones de protección medioambiental, asociaciones de consumidores, representantes de la industria, el comercio minorista y mayorista de toda Europa, se ha lanzado un mensaje claro y contundente: la Unión Europea debe cerrar urgentemente los vacíos legales que permiten la comercialización de productos no conformes a través de plataformas de comercio electrónico, defienden desde la European Footwear Confederation (CEC).
El crecimiento acelerado del e-commerce ha convertido a los marketplaces digitales en una puerta de entrada privilegiada para vendedores de terceros países. En demasiadas ocasiones, estos operadores eluden el sistema de control europeo que exige la existencia de un responsable establecido en la UE, encargado de garantizar que los productos cumplen con las normativas comunitarias en materia de seguridad, sostenibilidad y responsabilidad del productor.

Este problema adquiere especial gravedad en épocas de alto consumo como la campaña navideña o el Black Friday, cuando la avalancha de artículos no conformes puede inundar el mercado comunitario, afectando tanto a los consumidores como a las empresas que sí cumplen las reglas.
A ello se suma la presión creciente de la publicidad online, que, tras los cambios en la política arancelaria de EE. UU., ha redirigido grandes inversiones hacia Europa, favoreciendo la llegada de más productos de dudosa legalidad. Según datos de la Comisión Europea, en 2023 entraron al mercado de la UE 4.600 millones de pequeños paquetes (valorados en menos de 150 €), un volumen que incrementa exponencialmente el riesgo de incumplimientos normativos.
Las lagunas legales en la regulación actual
El origen del problema radica en que las plataformas digitales no están reconocidas por la normativa europea como “operadores económicos”, lo que las exime de la obligación de verificar proactivamente la conformidad de los productos que se venden en ellas. Únicamente deben actuar cuando reciben una notificación de incumplimiento.
Ni la Ley de Servicios Digitales (DSA), ni el Reglamento General de Seguridad de los Productos (GPSR), ni los marcos del Pacto Verde Europeo han conseguido solventar esta brecha normativa. Como resultado, los marketplaces facilitan la venta de productos que incumplen estándares de seguridad, sostenibilidad e incluso derechos de propiedad intelectual, sin asumir responsabilidades claras.
El Parlamento Europeo ha reconocido el problema en varios informes, pero todavía no ha dado el paso de exigir una reforma legal decisiva que refuerce la rendición de cuentas de estas plataformas.
Propuestas clave para una regulación más estricta
Las organizaciones firmantes plantean una serie de medidas concretas para garantizar la seguridad de los consumidores europeos y la equidad en el mercado:
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Obligatoriedad de un operador económico en la UE para todos los productos vendidos, con responsabilidad sobre el cumplimiento de la legislación comunitaria, incluido el embalaje.
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Reconocimiento de las plataformas online como operadores económicos, cuando el vendedor esté fuera de la UE o no sea localizable.
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Refuerzo de las obligaciones de verificación de productos, incluyendo controles documentales, pruebas de laboratorio, trazabilidad de vendedores y cumplimiento de normativas como la de Ecodiseño o los esquemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP).
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Endurecimiento de los controles aduaneros para pequeños paquetes, eliminando la regla de “minimis” (que exime de aranceles a productos de bajo valor) y aplicando la figura de “importador presunto”, responsable directo de la conformidad.
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Mayor inversión en vigilancia de mercado y cooperación aduanera, con la posible creación de un organismo europeo especializado en supervisar el comercio electrónico.
Los ejemplos incluidos en el comunicado ilustran la urgencia de la situación: el 100 % de las lámparas infantiles y tiras LED analizadas en 2024 fueron declaradas no conformes, y el 80 % de los juguetes adquiridos en marketplaces de terceros países no cumplía con las normas de seguridad de la UE, representando un riesgo directo para los niños.
Un frente común para un comercio electrónico más seguro
El comunicado, titulado “Cerrando las lagunas: un llamamiento a unas reglas europeas más estrictas para un e-commerce más seguro y justo”, representa la voz unificada de decenas de organizaciones que reclaman un cambio profundo en la legislación.
Entre las 64 entidades firmantes figuran asociaciones de consumidores, colectivos medioambientales, federaciones industriales y redes de comercio, entre ellas la Confederación Europea del Calzado (CEC), EURATEX, LightingEurope, Toy Industries of Europe (TIE), además de ONG de protección medioambiental y diversas plataformas nacionales de minoristas y mayoristas.
La petición es clara: Europa necesita reglas más firmes que aseguren que todos los actores que introducen productos en el mercado, independientemente de su ubicación, cumplan los mismos estándares de seguridad, sostenibilidad y responsabilidad.















